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miércoles, 5 de octubre de 2016

Ante la deuda en peligro de embargo y venta las colecciones de arte y bienes patrimoniales del gobierno de Puerto Rico


Por Edwin Velázquez Collazo

Recientemente en un  pequeño artículo realizado por  Luisa García Pelatti en la revista digital Sin Comillas  la misma expone la posibilidad de vender activos culturales  para pagar deuda gubernamental  usando como ejemplo la  ciudad de Detroit  un caso muy reciente que creó un precedente para una acción  de dicha naturaleza cuando en el 2013 Kevyn Orr, nombrado administrador de emergencia de Detroit ante su quiebra gubernamental, contrato los servicios de la casa de subastas Christie’s para que tasara la colección del Detroit Institute of Arts (DIA). Iniciando de esta manera un debate público sobre si es factible vender bienes artísticos o culturales para saldar deudas gubernamentales.

Puerto Rico  actualmente tiene una deuda impagable que supera los 73 mil millones de dólares  y ante los bonistas – fondos buitres -  cualquier acción  para pagar la deuda puede ser muy buena como es el embargo y venta de los bienes culturales del gobierno - edificios, museos- incluyendo la colección de arte del Instituto de Cultura Puertorriqueña, institución que ha sido desmantelada por el actual gobierno y que posee la más grande colección pública de arte del país con un valor estimado de varios millones de dólares.

Rafael Tufiño - La Plena
Colección Instituto de Cultura Puertorriqueña

Existen precedentes internacionales donde se estipula  que los bienes culturales y las colecciones de arte pertenecen al bien público por cuanto pueden venderse. Ejemplo de esto lo vemos cuando para el año 2013 el Ayuntamiento de Madrid puso en subasta 26 cuadros de arte contemporáneo de su colección, entre los que figuraban obras de los artistas  Manolo Millares, José Guerrero, Manuel Rivera, Eduardo Arroyo, Pablo Gargallo, José Guerrero, Lucio Muñoz, José Manuel Broto, Joan Miró, Eduardo Chillida y Antonio Tàpies para pagar una deuda.

También en el 2012 Italia puso a la venta sobre 350 edificios  públicos de gran valor cultural e histórico, muchos necesitaban ser restaurados y el gobierno no tenía dinero para su mantenimiento,  para contribuir a la reducción de la deuda pública del país. Ademas en el año 2011 el gobierno griego analizo y estudio una ley que pondría a la venta parte de sus instalaciones históricas y bienes patrimoniales para combatir la crisis y pagar la deuda.

Francisco Oller – Las Piñas
Colección Instituto de Cultura Puertorriqueña

Como pueden ver los procesos para la venta de activos culturales son una realidad  que utilizan algunos gobiernos para pagar sus deudas. Como artista y gestor cultural me preocupa que exista la posibilidad que una acción de esta naturaleza pueda ocurrir ante la aprobación de la ley Promesa,  la llegada de la Junta de Control Fiscal y la realidad que Puerto Rico no tiene  una soberanía cultural avalada por entidades internacionales como la UNESCO, ICOM, la AAM entre otras que velan por  la protección y defensa de los bienes patrimoniales mundiales.  Por cuanto el país  y nuestras instituciones públicas podrían estar indefensos  ya que no tiene acuerdos firmados  para la protección internacional de los mismos.

En estos momentos históricos debemos analizar la posibilidad que el país pueda perder parte de su patrimonio cultural por acciones  judiciales entabladas por las compañías tenedoras de nuestra deuda pública en su interés por cobrar las mismas o por decisiones de la Junta de Control Fiscal quienes pueden vender o privatizar edificios o instalaciones públicos, ya sean museos, centros culturales etc, ante la posibilidad que el gobierno no tenga fondos para administrarlos  o darle mantenimiento.

José Campeche - Don Miguel Antonio de Ustáriz
Colección Instituto de Cultura Puertorriqueña

Todos los protagonistas de la cultura puertorriqueña debemos comenzar a analizar el impacto cultural de la situación económica del país no solo porque perdemos fondos para nuestras instituciones culturales sino por la triste realidad que pudiéramos perder el patrimonio cultural nacional como lo son nuestras colecciones de arte, museos, centros culturales y edificios históricos al convertirse los mismos en activos mercadeables  para pagar la deuda.


2 comentarios:

  1. Antes de cualquier acción de la Junta ya el Gobierno de Puerto Rico ha tomado acciones que han desarticulado cualquier política cultural (buena o mala):

    1. El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) entregó su autonomía fiscal al despositar en octubre de 2015 TODOS sus fondos (sobre $16 millones/excepto nómina que adminstra el Departamento de Hacienda) de la banca privada al Banco Gubernamental (GDB). Por supuesto estos fondos fueron congelados y si los sielta el GDB son a cuenta gota.

    2. Se le elimina a $0 la asignación al ICP en el Plan de Inversión de Mejoras Capitales (PICA) para el 2014-2018. Además se le congelan (octubre de 2015) las Lineas de Crédito del ICP via el GDB de años anteriores que suman mas de $6 millones. Estos fondos son necesarios para el plan de conservación y restauración de propiedades históricas bajo la custodia del ICP tales como Convento de los Dominicos - Galería Nacional; Casa Blanca; Parque Ceremonial Caguana; Fortín San Jerónimo; entre muchas otras propiedades.

    Si la intención es vender las propiedades a corto o mediano plazo entonces hace sentido no invertir en su conservación.

    3. Se adopta Orden Ejecutiva oe-2016-038 el pasado 30 de septiembre de 2016 (que ha pasado bajo el radar público) creando la Recomendación vía Certificación provista por los proponentes de los proyectos a no mas de 30 días de la fecha de petición del permiso. Esta excluye de toda autorización/objeción/condiciones al ICP, y todas las demás agencias gubernamentales con jurisdicción, al momento a autorizar PERMISOS que tienen o pudieran tener efectos adversos sobre bienes culturales (edificado/arqueológico/subacuaticos/otros).

    "Entre las recomendaciones adoptadas por el gobierno de García Padilla, figura la creación de un trámite expedito que permita a la OGPe otorgar un permiso de construcción en 30 días sin necesidad de consultas externas. Ese proceso se conocería como una recomendación vía certificación."

    Y todo esto sin aún la Junta...

    Freddy Vélez García
    eddyvega@hotmail.com

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    1. Que bonito le quedó a los corsarios político, mal nacidos!... Gracias por la información!

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